Benítez aseguró que entiende la posición de algunas empresas, y la de la Asociación de Industriales de República Dominicana (AIRD) 'que expresan preocupación por la presencia de compañías que están produciendo bienes industriales que compiten con la producción nacional que no tienen esos beneficios', pero argumentó que no se debe tocar el desarrollo de una industria que se ha amparado en el marco de la ley y les recordó, además, que 'ellos tienen la Ley de Proindustria que también les da incentivos'.
Dijo que un grupo de empresas, que han clasificado al amparo de esa ley, se han instalado en las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón y Montecristi, y también en Bahoruco y Santiago Rodríguez, y aseguró que han generado fuentes de empleo que han mejorado la calidad de vida de los habitantes de la zona.
Benítez recordó que la pobreza y la miseria forman parte del diario vivir de la población de la zona fronteriza. "En promedio el 42 por ciento de los dominicanos vive en pobreza, un 20 en extrema pobreza, lo que significa que generalmente no tiene la oportunidad de generar ingresos para cubrir mínimamente sus necesidades básicas, dígase salud, educación, alimentación y otras, esto según un estudio del año pasado de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo", externó Benítez.
Y prosiguió: 'esas provincias recibieron el apoyo de una legislación que crea instrumentos de incentivos fiscales para ayudar y motivar a que los inversionistas de capital local y extranjero puedan invertir en la zona y ese flujo ha llegado debido a que las compañías han creído y han creado medios de vida para los habitantes de la zona'.
Osmar Benítez señaló que la JAD, después de analizar el número de empresas que han clasificado, encontró que más del 60% son agrícolas o agroindustriales, y que 'por ejemplo las que más producen y exportan bananos están la zona fronteriza y mueven más de 200 millones de pesos semanales'.
Tras intentos de comunicación por parte de la JAD con la AIRD para expresar que la manera en que se maneja la oposición a la Ley 28-01 no es la correcta, Benítez destacó que mediante una carta la organización aclaró que no se opone al incentivo que reciben las empresas de la zona fronteriza.
'Por una empresa de allá que le haga competencia a una empresa de acá, hay que sopesar la conveniencia de que la ley se derogue', reiteró y añadió que si se materializa 'peligraría el proyecto de Promaíz y de la soja tropicalizada que están en carpeta, ya que su área de trabajo es la frontera norte'
