POR VIRGILIO GAUTREAUX
Los verdaderos “DUEÑOS DEL PAÍS” le han entrado como a la CONGA a la Ley 28-01 que otorga incentivos fiscales a las empresas que se instalen en la región fronteriza de la República Dominicana. El objetivo político-económico de esta Ley tiene mucho que ver con la seguridad nacional y la conservación de los recursos naturales (al crear empleos productivos, se atenúa la destrucción del bosque), además de que estimula la permanencia de importantes núcleos de dominicanos-especialmente los jóvenes más diestros y capaces-en la zona más abandonada y desprotegida de la nación.
Los “DUEÑOS DEL PAÍS” consideran que esta leyecita los está llevando a la quiebra y es la causa de su supuesta “pérdida de competitividad”, a pesar de que el gobierno dominicano les inyecta anualmente un paquetón de “incentivos” que promedia los tres mil millones de dólares, mientras “los monstruos” ubicados en la región fronteriza, sólo recibieron 30 millones de dólares. Es decir, por cada dólar de incentivo que recibieron las empresas “fronterizas”, las empresas de los “DUEÑOS DEL PAÍS”, recibieron 100 dólares. (ver Comunicado de las fuerzas vivas fronterizas y del Sur del país, publicado en la Pág. 27 del Diario Libre de fecha 4 de Febrero 2013).
Hoy los “DUEÑOS DEL PAÍS” se rasgan las vestiduras contra los incentivos fronterizos, olvidando de forma expresa que el desarrollo de un paquetón de sus “competitivas” empresas, surgieron y crecieron amamantadas (durante muchos años) por la generosa teta fiscal del Estado Dominicano. Desde 1966 los grupos oligárquicos nacionales disfrutaron a sus anchas de leyes de incentivo industrial (la 299), agroindustrial (409), turismo (173), Zonas Francas, Inversión Extranjera y otras.Los banqueros también disfrutan de la “benevolencia” gubernamental, frente a los abusos contra sus clientes.
Actualmente el “festival fiscal” en beneficio de los verdaderos “DUEÑOS DEL PAÍS”, les rinde jugosos beneficios a los hoteleros (Ley 158), las empresas textileras (Ley 57-07), energéticas (Ley 56-07), Zonas Francas (Ley 8-90), Competitividad en Innovación Industrial (392-07), cinematográfica (108-10), etc. También hay que citar el Sunami de recursos fiscales y exoneraciones de que disfrutan la Barrick Gold, la Falconbridge, así como la Oldebrecht y otras empresas viales que “aguachapadas” y con poco ruido, reciben la generosa leche condensada de la teta del Estado Dominicano. Son por montones en los últimos años los contratos altamente lesivos firmados y ratificados por nuestros gobiernos y legisladores que sólo benefician a filibusteros y bucaneros extranjeros.
Los “DUEÑOS DEL PAÍS” deben comprender que el Estado Dominicano tiene intereses políticos, económicos y de seguridad nacional que defender en la región fronteriza. Ellos saben muy bien que los “pezones fiscales” más grandes, son de su uso exclusivo.
Si hay que revisar la LEY 28-01, debe ser para mejorarla, ampliarla para integrar a Barahona, San Juan y Azua. Debe ser modificada para que se instale un mayor número de empresas en la zona más pobre del país, de forma que aumente el nivel de empleos. Los propietarios de la República dominicana tienen que entender que en la frontera la nación tiene intereses estratégicos. Que tenemos que mantener el mayor número de jóvenes dominicanos en esas apartadas provincias. Que debemos crearle fuentes de trabajo que le permitan una vida digna y con buenas expectativas de superación.
A los “DUEÑOS DEL PAÍS” hay que explicarle una y mil veces que en esta zona el Estado debe mejorar las infraestructuras productivas, sociales, educativas, de salud, deportivas y energéticas. Sólo políticas sostenibles en este sentido, lograrán detener la despoblación dominicana de estas regiones. No toda la inversión pública debe concentrarse en los proyectos que interesan a los grupos monopólicos que anualmente controlan una buena tajada del presupuesto nacional.
Hay que luchar para que sean creando mayores incentivos fiscales en la frontera para que aumenten los empleos productivos y de servicios, prestando también atención prioritaria a que la mano de obra empleada sea dominicana.
Los verdaderos “DUEÑOS DEL PAÍS” le han entrado como a la CONGA a la Ley 28-01 que otorga incentivos fiscales a las empresas que se instalen en la región fronteriza de la República Dominicana. El objetivo político-económico de esta Ley tiene mucho que ver con la seguridad nacional y la conservación de los recursos naturales (al crear empleos productivos, se atenúa la destrucción del bosque), además de que estimula la permanencia de importantes núcleos de dominicanos-especialmente los jóvenes más diestros y capaces-en la zona más abandonada y desprotegida de la nación.
Los “DUEÑOS DEL PAÍS” consideran que esta leyecita los está llevando a la quiebra y es la causa de su supuesta “pérdida de competitividad”, a pesar de que el gobierno dominicano les inyecta anualmente un paquetón de “incentivos” que promedia los tres mil millones de dólares, mientras “los monstruos” ubicados en la región fronteriza, sólo recibieron 30 millones de dólares. Es decir, por cada dólar de incentivo que recibieron las empresas “fronterizas”, las empresas de los “DUEÑOS DEL PAÍS”, recibieron 100 dólares. (ver Comunicado de las fuerzas vivas fronterizas y del Sur del país, publicado en la Pág. 27 del Diario Libre de fecha 4 de Febrero 2013).
Hoy los “DUEÑOS DEL PAÍS” se rasgan las vestiduras contra los incentivos fronterizos, olvidando de forma expresa que el desarrollo de un paquetón de sus “competitivas” empresas, surgieron y crecieron amamantadas (durante muchos años) por la generosa teta fiscal del Estado Dominicano. Desde 1966 los grupos oligárquicos nacionales disfrutaron a sus anchas de leyes de incentivo industrial (la 299), agroindustrial (409), turismo (173), Zonas Francas, Inversión Extranjera y otras.Los banqueros también disfrutan de la “benevolencia” gubernamental, frente a los abusos contra sus clientes.
Actualmente el “festival fiscal” en beneficio de los verdaderos “DUEÑOS DEL PAÍS”, les rinde jugosos beneficios a los hoteleros (Ley 158), las empresas textileras (Ley 57-07), energéticas (Ley 56-07), Zonas Francas (Ley 8-90), Competitividad en Innovación Industrial (392-07), cinematográfica (108-10), etc. También hay que citar el Sunami de recursos fiscales y exoneraciones de que disfrutan la Barrick Gold, la Falconbridge, así como la Oldebrecht y otras empresas viales que “aguachapadas” y con poco ruido, reciben la generosa leche condensada de la teta del Estado Dominicano. Son por montones en los últimos años los contratos altamente lesivos firmados y ratificados por nuestros gobiernos y legisladores que sólo benefician a filibusteros y bucaneros extranjeros.
Los “DUEÑOS DEL PAÍS” deben comprender que el Estado Dominicano tiene intereses políticos, económicos y de seguridad nacional que defender en la región fronteriza. Ellos saben muy bien que los “pezones fiscales” más grandes, son de su uso exclusivo.
Si hay que revisar la LEY 28-01, debe ser para mejorarla, ampliarla para integrar a Barahona, San Juan y Azua. Debe ser modificada para que se instale un mayor número de empresas en la zona más pobre del país, de forma que aumente el nivel de empleos. Los propietarios de la República dominicana tienen que entender que en la frontera la nación tiene intereses estratégicos. Que tenemos que mantener el mayor número de jóvenes dominicanos en esas apartadas provincias. Que debemos crearle fuentes de trabajo que le permitan una vida digna y con buenas expectativas de superación.
A los “DUEÑOS DEL PAÍS” hay que explicarle una y mil veces que en esta zona el Estado debe mejorar las infraestructuras productivas, sociales, educativas, de salud, deportivas y energéticas. Sólo políticas sostenibles en este sentido, lograrán detener la despoblación dominicana de estas regiones. No toda la inversión pública debe concentrarse en los proyectos que interesan a los grupos monopólicos que anualmente controlan una buena tajada del presupuesto nacional.
Hay que luchar para que sean creando mayores incentivos fiscales en la frontera para que aumenten los empleos productivos y de servicios, prestando también atención prioritaria a que la mano de obra empleada sea dominicana.
