El abogado de la compañía internacional, “la Barrick Gold” acaba de
anunciar que de el presidente de la república dominicana promulgar la
ley que ababa de aprobar el congreso nacional de declaratoria de Parque
Nacional Loma Miranda y por tanto, área protegida, la zona en cuestión,
pretendida ser explotada por la referida multinacional.
Es harto conocido por nosotros, que el contrato, que inicialmente tenia
desproporciones como la 97-3%, contra el pueblo dominicano, que luego,
en esfuerzo infrahumano hecho por un grupo de dominicanos al cual en sus
ejecutorias se sumó el actual presidente dominicano, llevándolo a un
literal 50-50 ó similar, que nosotros y figuras como la muy calificada
de el ingeniero Ramón Alburquerque, no le conferimos mas que un 70-30%,
desfavorable al dominicano, no tiene permiso medioambiental, ha sido
ejecutado unilateralmente por parte de la Barrick, y se establece que el
contrato entre las partes, es de exploración, no de explotación.
De ser cierto, todo lo dicho anteriormente, la demanda implica una
exitosa contrademanda por parte del pueblo dominicano, con gran asidero y
el consiguiente establecimiento de quien debe a quien.
El fácil recordar, los denunciados decomisos y posteriores devoluciones a
ellos, de exportaciones de los metales por la aduana dominicana, con
los cuales la referida empresa cae en violación de contrato, llegando
incluso a negarle la entrada y supervisión al socio contractual, que lo
son, los representantes legales del nuestro estado.
Jorge Pratt, mismo abogado que ha representado el ingeniero Miguel
Vargas a llevar un pleito en el organismo superior electora, quitándole
el derecho de militancia y dirigencia a más de un millón de
perredeístas, anuncia la posible demanda contra el pueblo dominicano,
país del cual él es parte, como también del partido revolucionario
dominicano, por 4 mil millones de dólares, unos aproximados 1,800
millones de pesos dominicanos, que tendrían que salir del erario, que es
lo mismo que salir, del presupuesto de salud, del presupuesto de
educación, que es lo mismo que decir, del presupuesto agrícola y
ganadero nuestro, entre otos presupuestos y necesidades, y que es lo
mismo que decir, “de las costillas del cada uno de los dominicanos”, que
somos sus compatriotas, si es que su ejercicio profesional le da
derecho de cómo dominicano poder tener carácter anfótero.
El ordenamiento jurídico nuestro tiene prerrogativas para los abogados
en sus litigios de un derecho hasta el 30% del valor la causa ganada, no
sabemos si este es el caso, porque también tiene derecho a hacerlo
gratuitamente, por tanto de ser el caso en cuestión, de la naturaleza de
la primera opción, estaríamos hablando de unos posibles 500 millones de
pesos. ¡Cosas veredes Sancho”.
POR JOSE ANTONIO MATOS PEÑA.
