SANTO DOMNGO: La Procuraduría General de la República fue apoderada de una solicitud de investigación contra el fiscal de Jimaní, acusado de desacatar la orden de un juez al poner en libertad a cuatro personas implicadas en un desfalco por más de 18 millones de pesos a una cooperativa.
De acuerdo a la querella interpuesta por ante el Departamento de Inspectoría de la Procuraduría General de la República por los abogados de la Cooperativa de Ahorros y Créditos de Neiba, el fiscal Salvador Bello se presentó a la dotación policial de Jimaní y sin importar que estaba violando una sentencia dictada por un juez, dispuso la libertad de los imputados.
Los representantes legales de dicha cooperativa, Manuel Sierra Pérez y Enrique Peña explicaron que el juez de Jimaní Paco Terrero dispuso el apresamiento de la exgerente de la citada institución Delcia Tomasa Pérez Bello, Sofía Confesora Peña Mercedes, Rocío Medina y Amelia Herasme, por un pedido que le formuló el fiscal Justino Santana, pero que después de habérsele dado entrada en la Policía fueron una hora después liberadas por el fiscal de Jimaní.
De acuerdo a la querella, la principal acusada es pariente cercana del fiscal, y según los argumentos instrumentados en su contra, “su prima no podía estar presa en Jimaní, porque se trata de una dama prestante y esa cárcel no está en condiciones para que las imputadas estén allí”.
De acuerdo a la querella interpuesta por ante el Departamento de Inspectoría de la Procuraduría General de la República por los abogados de la Cooperativa de Ahorros y Créditos de Neiba, el fiscal Salvador Bello se presentó a la dotación policial de Jimaní y sin importar que estaba violando una sentencia dictada por un juez, dispuso la libertad de los imputados.
Los representantes legales de dicha cooperativa, Manuel Sierra Pérez y Enrique Peña explicaron que el juez de Jimaní Paco Terrero dispuso el apresamiento de la exgerente de la citada institución Delcia Tomasa Pérez Bello, Sofía Confesora Peña Mercedes, Rocío Medina y Amelia Herasme, por un pedido que le formuló el fiscal Justino Santana, pero que después de habérsele dado entrada en la Policía fueron una hora después liberadas por el fiscal de Jimaní.
De acuerdo a la querella, la principal acusada es pariente cercana del fiscal, y según los argumentos instrumentados en su contra, “su prima no podía estar presa en Jimaní, porque se trata de una dama prestante y esa cárcel no está en condiciones para que las imputadas estén allí”.
